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PLAN DE SAN LUÍS
de Francisco I. Madero
San Luis Potosí, Octubre 5, 1910
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MANIFIESTO A LA NACIÓN
Los pueblos, en su esfuerzo constante por que
triunfen los ideales de libertad y justicia, se ven precisados en
determinados momentos históricos a realizar los mayores sacrificios.
Nuestra querida patria ha llegado a uno de esos momentos: una
tiranía que los mexicanos no estábamos acostumbrados a sufrir, desde
que conquistamos nuestra independencia, nos oprime de tal manera,
que ha llegado a hacerse intolerable.
En cambio de esa tiranía se nos ofrece la paz, pero es una paz
vergonzosa para el Pueblo Mexicano, porque no tiene por base el
derecho, sino la fuerza; porque no tiene por objeto el
engrandecimiento y prosperidad de la patria, sino enriquecer a un
pequeño grupo que, abusando de su influencia, ha convertido los
puestos públicos en fuente de beneficios exclusivamente personales,
explotando sin escrúpulos todas las concesiones y contratos
lucrativos.
Tanto el Poder Legislativo como el Judicial están completamente
supeditados al Ejecutivo; la división de los Poderes, la soberanía
de los Estados, la libertad de los Ayuntamientos y los derechos del
ciudadano, sólo existen escritos en nuestra Carta Magna; pero de
hecho, en México casi puede decirse que reina constantemente la Ley
Marcial; la justicia en vez de impartir su protección al débil, sólo
sirve para legalizar los despojos que comete el fuerte; los jueces,
en vez de ser los representantes de la Justicia, son agentes del
Ejecutivo, cuyos intereses sirven fielmente; las Cámaras de la Unión
no tienen otra voluntad que la del Dictador; los Gobernadores de los
Estados son designados por él y ellos a su vez designan e imponen de
igual manera las autoridades municipales.
De esto resulta que todo el engranaje administrativo, judicial y
legislativo obedece a una sola voluntad, al capricho del General
Porfirio Díaz, quien en su larga administración ha demostrado que el
principal móvil que lo guía es mantenerse en el poder a toda costa.
Hace muchos años se siente en toda la República profundo malestar,
debido a tal régimen de Gobierno, pero el General Díaz, con gran
astucia y perseverancia, había logrado aniquilar todos los elementos
independientes, de manera que no era posible organizar ninguna clase
de movimiento para quitarle el poder de que tan mal uso hacía.
El mal se agravaba constantemente, y el decidido empeño del General
Díaz de imponer a la Nación un sucesor y siendo este el Sr. Ramón
Corral, llevó ese mal a su colmo y determinó que muchos mexicanos,
aunque carentes de reconocida personalidad política puesto que había
sido imposible labrársela durante 36 años de dictadura, nos
lanzásemos a la lucha intentando reconquistar la soberanía del
pueblo y sus derechos en el terreno netamente democrático.
Entre otros partidos que tendían al mismo fin, se organizó el
Partido Nacional Antireeleccionista proclamando los principios de
SUFRAGIO EFECTIVO y NO REELECCIÓN, como únicos capaces de salvar a
la República del inminente peligro con que la amenaza la
prolongación de una dictadura cada día más onerosa, más déspota y
más inmoral.
El Pueblo Mexicano secundó eficazmente a ese partido y respondiendo
al llamado que se le hizo, mandó sus representantes a una
Convención, en la que también estuvo representado el Partido
Nacionalista Democrático, que así mismo interpretaba los anhelos
populares.
Dicha Convención designó sus candidatos para la Presidencia y Vice-Presidencia
de la República, recayendo esos nombramientos en el Sr. Dr.
Francisco Vázquez Gómez y en mí, para los cargos respectivos de
Vice-Presidente y Presidente de la República.
Aunque nuestra situación era sumamente desventajosa porque nuestros
adversarios contaban con todo el elemento oficial, en el que se
apoyaban sin escrúpulos, creímos de nuestro deber, para mejor servir
la causa del pueblo, aceptar tan honrosa designación.
Imitando las sabias costumbres de los países republicanos, recorrí
parte de la República haciendo un llamamiento a mis compatriotas.
Mis jiras fueron verdaderas marchas triunfales, pues por doquiera el
pueblo, electrizado con las palabras mágicas de Sufragio Efectivo y
No Reelección, daba pruebas evidentes de su inquebrantable
resolución de obtener el triunfo de tan salvadores principios.
Al fin, llegó un momento en que el General Díaz se dió cuenta de la
verdadera situación de la República y comprendió que no podría
luchar ventajosamente conmigo en el campo de la Democracia y me
mandó reducir a prisión antes de las elecciones, las que se llevaron
a cabo excluyendo al pueblo de los comicios por medio de la
violencia, llenando las prisiones de ciudadanos independientes y
cometiéndose los fraudes más desvergonzados.
En México, como República democrática, el poder público no puede
tener otro origen ni otra base que la voluntad nacional y ésta no
puede ser supeditada a fórmulas llevadas a cabo de un modo
fraudulento.
Por este motivo, el Pueblo Mexicano ha protestado contra la
ilegalidad de las últimas elecciones, y queriendo emplear
sucesivamente todos los recursos que ofrecen las leyes de la
República, en la debida forma pidió la nulidad de las elecciones
ante la Cámara de Diputados, a pesar de que no reconocía en dicho
cuerpo un origen legítimo y de que sabía de antemano que no siendo
sus miembros representantes del pueblo, sólo acatarían la voluntad
del General Díaz a quien exclusivamente deben su investidura.
En tal estado las cosas, el Pueblo, que es el único soberano,
también protestó de un modo enérgico contra las elecciones, en
imponentes manifestaciones llevadas a cabo en diversos puntos de la
República, y si éstas no se generalizaron en todo el territorio
nacional, fue debido a la terrible presión ejercida por el gobierno,
que siempre ahoga en sangre cualquier manifestación democrática,
como pasó en Puebla, Veracruz, Tlaxcala, México y otras partes.
Pero esta situación violenta e ilegal no puede subsistir más.
Yo he comprendido muy bien que si el Pueblo me ha designado como su
candidato para la Presidencia, no es porque haya tenido oportunidad
de descubrir en mí las dotes del estadista o del gobernante, sino la
virilidad del patriota resuelto a sacrificarse, si es preciso, con
tal de conquistar la libertad y ayudar al pueblo a librarse de la
odiosa tiranía que lo oprime.
Desde que me lancé a la lucha democrática sabía muy bien que el
General Díaz no acataría la voluntad de la Nación, y el noble Pueblo
Mexicano, al seguirme a los comicios, sabía también perfectamente el
ultraje que le esperaba; pero a pesar de ello, el pueblo dió para la
causa de la Libertad un numeroso contingente de mártires cuando
estos eran necesarios, y con admirable estoicismo concurrió a las
casillas a recibir toda clase de vejaciones.
Pero tal conducta era indispensable para demostrar al mundo entero
que el Pueblo Mexicano está apto para la democracia, que está
sediento de libertad y que sus actuales gobernantes no responden a
sus aspiraciones.
Además la actitud del pueblo antes y durante las elecciones, así
como después de ellas, demuestra claramente que rechaza con energía
al gobierno del General Díaz y que si se hubieran respetado sus
derechos electorales, hubiese sido yo el electo para Presidente de
la República.
En tal virtud, y haciéndome eco de la voluntad nacional, declaro
ilegales las pasadas elecciones y quedando por tal motivo la
República sin gobernantes legítimos, asumo provisionalmente la
Presidencia de la República, mientras el pueblo designa, conforme a
la ley, sus gobernantes.
Para lograr este objeto es preciso arrojar del poder a los audaces
usurpadores que por todo título de legalidad ostentan un fraude
escandaloso e inmoral.
Con toda honradez declaro que consideraría una debilidad de mi parte
y una traición al pueblo que en mí ha depositado su confianza, no
ponerme al frente de mis conciudadanos, quienes ansiosamente me
llaman, de todas parts del país, para obligar al General Díaz, por
medio de las armas, a que respete la voluntad nacional.
El Gobierno actual, aunque tiene por origen la violencia y el
fraude, desde el momento que ha sido tolerado por el Pueblo, puede
tener para las naciones extranjeras ciertos títulos de legalidad
hasta el 30 del mes entrante en que expiran poderes; pero como es
necesario que el nuevo gobierno dimanado del último fraude, no pueda
recibirse ya del poder, o por lo menos se encuentre con la mayor
parte de la Nación protestando con las armas en la mano, contra esa
usurpación, he designado el DOMINGO 20 del entrante Noviembre, para
que de las seis de la tarde en adelante, todas las poblaciones de la
República se levanten en armas bajo el siguiente
PLAN:
1o.- Se declaran nulas las elecciones para Presidente y
Vice-Presidente de la República, Magistrados a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y Diputados y Senadores, celebradas en Junio y
Julio del corriente año.
2o.- Se desconoce al actual gobierno del General Díaz, así como a
todas las autoridades cuyo poder debe dimanar del voto popular,
porque además de no haber sido electas por el pueblo, han perdido
los pocos títulos que podían tener de legalidad, cometiendo y
apoyando con los elementos que el pueblo puso a su disposición para
la defensa de sus intereses, el fraude electoral más escandaloso que
registra la historia de México.
3o.- Para evitar hasta donde sea posible los trastornos inherentes a
todo movimiento revolucionario, se declaran vigentes, a reserva de
reformar oportunamente por los medios constitucionales, aquellas que
requieran reforma, todas las leyes promulgadas por la actual
administración y sus reglamentos respectivos, a excepción de
aquellas que manifiestamente se hallen en pugna con los principios
proclamados en este plan.
Igualmente se exceptúan las leyes, fallos de tribunales y decretos
que hayan sancionado las cuentas y manejos de fondos de todos los
funcionarios de la administración porfirista en todos sus ramos:
pues tan pronto como la revolución triunfe se iniciará la formación
de comisiones de investigación para dictaminar acerca de las
responsabilidades en que hayan podido incurrir los funcionarios de
la Federación, de los Estados, y de los Municipios.
En todo caso serán respetados los compromisos contraídos por la
administración porfirista con gobiernos y corporaciones extranjeros
antes del 20 del entrante.
Abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños
propietarios, en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus
terrenos, ya por acuerdos de la Secretaría de Fomento, o por fallos
de los tribunales de la república.
Siendo de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los
terrenos de que se les despojó de un modo tan arbitrario, se
declaran sujetos a revisión tales disposiciones y fallos y se
exigirá a los que los adquirieron de un modo tan inmoral, o a sus
herederos, que los restituyan a sus primitivos propietarios, a
quienes pagarán también una indemnización por los perjuicios
sufridos.
Sólo en el caso de que esos terrenos hayan pasado a tercera persona
antes de la promulgación de este plan, los antiguos propietarios
recibirán indemnización de aquellos en cuyo beneficio se verificó el
despojo.
4o.- Además de la Constitución y Leyes vigentes, se declara ley
suprema de la República el principio de No-Reelección del Presidente
y Vice-Presidente de la República, Gobernadores de los Estados y
Presidentes Municipales, mientras se hagan las reformas
constitucionales respectivas.
5o.- Asumo el carácter de Presidente Provisional de los Estados
Unidos Mexicanos, con las facultades necesarias para hacer la guerra
al Gobierno usurpador del General Díaz. Tan pronto como la capital
de la República y más de la mitad de los Estados de la Federación
estén en poder de las fuerzas del Pueblo, el Presidente Provisional
convocará a elecciones generales extraordinarias para un mes después
y entregará el poder al Presidente que resulte electo, tan pronto
como sea conocido el resultado de la elección.
6o.- El Presidente Provisional antes de entregar el poder, dará
cuenta al Congreso de la Unión del uso que haya hecho de las
facultades que le confiere el presente plan.
7o.- El día 20 del mes de Noviembre, de las seis de la tarde en
adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas
para arrojar del poder a las autoridades que actualmente la
gobiernan.
(Los pueblos que estén retirados de las vías de comunicación lo
harán desde la víspera).
8o.- Cuando las autoridades presenten resistencia armada, se
obligará por la fuerza de las armas a respetar la voluntad popular;
pero en este caso las leyes de la guerra serán rigurosamente
observadas, llamándose especialmente la atención sobre las
prohibiciones relativas a no usar balas expansivas, ni fusilar a los
prisioneros. También se llama la atención respecto al deber de todo
mexicano de respetar a los extranjeros en sus personas e intereses.
9o.- Las autoridades que opongan resistencia a la realización de
este plan, serán reducidos a prisión para que se les juzgue por los
tribunales de la República cuando la revolución haya terminado. Tan
pronto como cada ciudad o pueblo recobre su libertad, se reconocerá
como autoridad legítima provisional, al principal Jefe de las armas,
con facultad para delegar sus funciones en algún otro ciudadano
caracterizado, quien será confirmado en su cargo o removido por el
Gobernador Provisional.
Una de las primeras medidas del gobierno provisional será poner en
libertad a todos los presos políticos.
10o.- El nombramiento de Gobernador Provisional de cada Estado que
haya sido ocupado por las fuerzas de la revolución, será hecho por
el Presidente Provisional. Este Gobernador tendrá estricta
obligación de convocar a elecciones para Gobernador Constitucional
del Estado tan pronto como sea posible, a juicio del Presidente
Provisional.
Se exceptúan de esta regla los Estados que de dos años a esta parte
han sostenido campañas democráticas para cambiar de gobierno, pues
en éstos se considerará como Gobernador Provisional al que fue
candidato de el pueblo, siempre que se adhiera activamente a este
plan.
En caso de que el Presidente Provisional no haya hecho el
nombramiento de Gobernador, que este nombramiento no hubiera llegado
a su destino o bien que el agraciado no aceptare por cualquier
circunstancia, entonces el Gobernador será designado por votación
entre todos los Jefes de las Armas que operen en el territorio del
Estado respectivo, a reserva de que su nombramiento sea ratificado
por el Presidente Provisional tan pronto como sea posible.
11o.- Las nuevas autoridades dispondrán de todos los fondos que se
encuentren en las oficinas públicas, para los gastos ordinarios de
la administración y para los gastos de la guerra, llevando las
cuentas con toda escrupulosidad. En caso de que esos fondos no sean
suficientes para los gastos de la guerra, contratarán empréstitos,
ya sean voluntarios o forzosos. Estos últimos sólo con ciudadanos o
instituciones nacionales.
De estos empréstitos se llevará también cuenta escrupulosa y se
otorgarán recibos en debida forma a los interesados, a fin de que al
triunfar la revolución se les restituya lo prestado.
Transitorio. A.- Los jefes de fuerzas voluntarias tomarán el grado
que corresponda al número de fuerzas a su mando. En caso de operar
fuerzas militares y voluntarias unidas, tendrá el mando de ellas el
jefe de mayor graduación, pero en caso de que ambos jefes tengan el
mismo grado, el mando será del jefe militar.
Los jefes civiles disfrutarán de dicho grado mientras dure la
guerra, y una vez terminada, esos nombramientos, a solicitud de los
interesados, se revisarán por la Secretaría de Guerra que los
ratificará en su grado o los rechazará, según sus méritos.
B.- Todos los jefes, tanto civiles como militares, harán guardar a
sus tropas la más estricta disciplina; pues ellos serán responsables
ante el Gobierno Provisional de los desmanes que cometan las fuerzas
a su mando, salvo que justifiquen no haberles sido posible contener
a sus soldados y haber impuesto a los culpables el castigo merecido.
Las penas más severas serán aplicadas a los soldados que saqueen
alguna población o que maten a prisioneros indefensos.
C.- Si las fuerzas y las autoridades que sostienen al General Díaz
fusilan a los prisioneros de guerra, no por eso y como represalia se
hará lo mismo con los de ellos que caigan en poder nuestro; pero en
cambio, serán fusiladas dentro de las veinticuatro horas y después
de un juicio sumario, las autoridades civiles o militares al
servicio del General Díaz, que una vez estallada la revolución hayan
ordenado, dispuesto en cualquier forma, transmitido la orden o
fusilado a alguno de nuestros soldados.
De esta pena no se eximirán ni los más altos funcionarios; la única
excepción será el General Díaz y sus ministros, a quienes en caso de
ordenar dichos fusilamientos o permitirlos, se les aplicará la misma
pena, pero después de haberlos juzgado por los tribunales de la
República, cuando haya terminado la revolución.
En el caso de que el General Díaz disponga que sean respetadas las
leyes de la guerra, y que se trate con humanidad a los prisioneros
que caigan en sus manos, tendrá la vida salva, pero de todos modos
deberá responder ante los tribunales de cómo ha manejado los
caudales de la Nación y de cómo ha cumplido con la Ley.
D.- Como es requisito indispensable en las leyes de la guerra que
las tropas beligerantes lleven algún uniforme o distintivo y como
sería difícil uniformar a las numerosas fuerzas del pueblo que van a
tomar parte en la contienda, se adoptará como distintivo de todas
las fuerzas libertadoras, ya sean voluntarias o militares, un listón
tricolor, en el tocado, o en el brazo.
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Conciudadanos: Si os convoco para que toméis las armas y derroquéis
al gobierno del General Díaz, no es solamente por el atentado que
cometió durante las últimas elecciones, sino por salvar a la patria
del porvenir sombrío que la espera continuando bajo su dictadura y
bajo el gobierno de la nefanda oligarquía científica, que sin
escrúpulos y a gran prisa están absorbiendo y dilapidando los
recursos nacionales, y si permitimos que continúen en el poder, en
un plazo muy breve habrán completado su obra: habrán llevado al
pueblo a la ignominia y lo habrán envilecido; le habrán chupado
todas sus riquezas y dejándolo en la más absoluta miseria; habrán
causado la bancarrota de nuestras finanzas y la deshonra de nuestra
patria, que débil, empobrecida y maniatada, se encontrará inerme
para defender sus fronteras, su honor y sus instituciones.
Por lo que a mí respecta, tengo la conciencia tranquila y nadie
podrá acusarme de promover la revolución por miras personales, pues
está en la conciencia nacional que hice todo lo posible por llegar a
un arreglo pacífico y estuve dispuesto hasta renunciar mi
candidatura siempre que el General Díaz hubiese permitido a la
Nación designar aunque fuese al Vice-Presidente de la República;
pero dominado por incomprensible orgullo y por inaudita soberbia,
desoyó la voz de la Patria y prefirió precipitarla en una revolución
antes de ceder un ápice, antes de devolver al pueblo un átomo de sus
derechos, antes de cumplir aunque fuese en las postrimerías de su
vida, parte de las promesas que hizo en la Noria y Tuxtepec.
El mismo justificó la presente revolución cuando dijo: "Que ningún
ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder y esta
será la última revolución".
Si en el ánimo del General Díaz hubiesen pesado más los intereses de
la Patria que los sórdidos intereses de él y de sus consejeros
hubiera evitado esta revolución haciendo algunas concesiones al
pueblo; pero ya que no lo hizo... ¡tanto mejor! el camino será más
rápido y más radical, pues el pueblo mexicano en vez de lamentarse
como un cobarde, aun cobarde, aceptará como un valiente el reto, y
ya que el General Díaz pretende apoyarse en la fuerza bruta para
imponerle un yugo ignominioso, el pueblo recurrirá a la misma fuerza
para sacudir ese yugo, para arrojar a ese hombre funesto del poder y
para reconquistar su libertad.
Conciudadanos: No vaciléis pues un momento: tomad las armas, arrojad
del poder a los usurpadores, recobrad vuestros derechos de hombres
libres y recordad que nuestros antepasados nos legaron una herencia
de gloria que no podemos mancillar. Sed como ellos fueron:
invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
San Luis Potosí, Octubre 5 de 1910.
FRANCISCO I. MADERO
Nota.- El presente plan sólo circulará entre los correligionarios de
más confianza hasta el 15 de Noviembre, desde cuya fecha se podrá
reimprimir; se divulgará prudentemente desde el 18 y profusamente
desde el 20 en adelante.
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